«Máxima preocupación» para la entrada en vigor del Estatuto del Becario. Es el diagnóstico inicial que hecho los vicerrectores de estudiantes y persones a cargo de las oficinas de empleo de las universidades españolas, que este jueves han publicado un mapa al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivárecogiendo su parecer sobre los cambios previstos sobre las prácticas estudiantiles.
En la misiva enviada a Escrivá, que ha sido consultada por ABC, las universidades han puesto el foco en la entrada en vigor de “la cotización obligatoria a la Seguridad Social de todos los y las estudiantes que se encuentran realizando prácticas académicas externas desde la fecha de 1 de octubre de 2023”, al tiempo que reprochan que desde la publicación del Real Decreto-ley, “no hemos recibido ninguna comunicación ni instrucciones claras desde su Ministerio en relación con el procedimiento a seguir”.
Según los firmantes, pesa que el RD-Ley 2/2023 establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, “las universidades nos estamos viendo abocadas a asumir la cotización de prácticas “no remuneradas”, con el fin de garantizar que los y las estudiantes universitarios puedan graduarse”, expresan.
Aseguran los vicerrectores que esta situación surge debido a dos factores básicos: por un lado, que las entidades públicas, donde se elizan el 60% de las prácticas, están solicitando la firma de addenda que incluyen una clausula especificando que la universidad es responsable de la gestión y gasto correspondiente; de otra parte, temen que las empresas privadas se sumen a esta solicitudEs que colaborar con la universidad “al brindar oportunidades de prácticas a nuestros y nuestros estudiantes, pero no están dispuestos a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada”, insiste.
De este modo, esta nueva obligación “supone un gran problema para las universidades, ya que debemos gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del alumno», recalcula a Escrivá, al tiempo que reclaman «como recursos», el desarrollo de una plataforma informática para poder llevar a cabo la carga de datos necesarios para el proceso de cotización de forma masiva y que permita limitar la burocracia de carga; implementar una metodología de altibajos simplificada y basada en los estándares de prácticas de los planes de estudio oficiales que todo el estudiantado debe superar como creditos del título oficial; y dotar de los recursos humanos necesarios para gestionar las altas, bajas y controlar los días de prácticas.
“Dada la incertidumbre en la que estamos inmersos y las necesarias adecuaciones en nuestros sistemas de gestión y pese a que lo seria derogacion de la norma, al menos solicitamos con urgencia que se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha medida. Además, en dicho período, también podrán adoptarse las medidas oportunas para garantizar que la bonificación alcance alcance al 100% de la cuota de forma permanente o en su caso este costo sea asumido por parte de las entidades”, concluyó la misiva.
