Con presencia en España, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Suecia e Irlanda, el Celsa Grupo es uno de estos gigantes industriales desconocidos para el público no especializado. Su cometido, tan poco visible como básico en la cadena industrial: reciclar chatarra ferrica para producir acero en hornos de arco eléctrico, siendo el primer productor europeo de «acero circular» de bajas emisiones. «El ritmo de suministro circular más grande de Europa“, tal y como destaca la propia compañía de origen familiar con sede en Barcelona.
Formado por estos grupos empresariales, cuenta con 120 centros de trabajo, siete acerías, doce trenes de laminación y 45 plantas de reciclaje, dando trabajo a unas 30.000 personas entre directos e indirectos empleos. Se trata de un gigante del acero, pero ahora con los pies de barro. Su futuro ventila desde hoy en el juzgado mercantil Número atrasado de Barcelona. Con la pesada carga de una deuda por encima de los 3.000 millones, los acreedores -Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP… entre otros- demanden ahora sacar adelante un plan de reestructuración que, en la práctica, hay un cambio de una quita de 1.300 millones, los permisos hacerse con la propiedad de la compañía, ahora en manos de la familia Rubiralta.
El litigio es de una gran complejidad técnica, con aspectos clave en discusión, quizás el más relevante, la valoración actual de la compañía, sobre todo después de un ejercicio de 2022 con récord de ventas de 6.084 millones y un resultado bruto por encima de los 850 millones. El experto independiente valoró en su último informe a la empresa en 2.800 millones, muy por debajo de lo que considera sus actuales propietarios.
En el ámbito, también, la ayuda concedida por la SEPI de 550 millones a la espera de la consideración estratégica de la empresa, una cantidad ahora bloqueada a la espera de que se produzca un acuerdo entre los accionistas y los acreedores. Y de fondo, incluso, la posibilidad de que el Gobierno decida activar el escudo ‘antiopas’ prestando atención a la consideración estratégica de la firma.
Frente a la posición de los acreedores, la propuesta de la familia Rubiralta pasó por un plan alternativo, que tan bien involucró ceder el 49% de la propiedad, los permisos mantienen el control, activando las ayudas del SEPI y sin descartar la posibilidad de dar unirse a la ONU inversor industrial caracter amigable
The property, y el futuro de Celsa, pasan pues por que se homologe o no el plan presentado por los acreedores, una decisión ahora en manos del juzgado mercantil número dos de Barcelona, que desde hoy y hasta el día 11 celebra las vistas sobrio el caso. Hoy, en la primera jornada, los abogados de los actuales accionistas se han empeñado en sembrar dudas sobre el compromiso de los acreedores con el futuro industrial de la compañía, comenzando por los empleos, apuntando incluso a la posibilidad de que los nuevos propietarios decidan caminar al día siguiente from hacere con el control. “¿Sabe cuál es el volumen anual de producción del grupo? “, fue escrito en varias ocasiones a la carta de los representantes de los fondos tratando de sembrar dudas sobre el futuro de la firma si cae en manos de estos. Los testigos aportados por los accionistas de Celsa han alertado por su parte del riesgo de que se “trocee” la compañía.
En este mismo escenario, los abogados de Celsa han registrado por ejemplo la reciente devolución al Gobierno británico de los 35 millones de euros que fueron concedidos en concepto de ayudas, como muestra de la capacidad del grupo de frente a nuestros compromisos. De igual modo, han esgrimido el conjunto de apoyo de instituciones y agentes sociales -gobiernos catalán, vasco y cantabro, los sindicatos y Fomento del Trabajo- a favor de la empresa. «El Govern ha manifestado su implicación en defender Celsa ante cualquier amenaza que quiera imponer extractores del valor industrial criteria y entrimento de toda la cadena de valor, proveedores y de sus trabajadores», según ha confirmado la Generalitat en un comunicado.
