El Gobierno contó hace un año a la Comisión Europea que las medidas regulatorias incluidas en la reforma laboral inhibir la contratación temporal y convertir el contrato fijo en un nuevo estándar del mercado laboral no solo acabarían con el problema endémico español con la precariedad en el empleo, sino que generarían un círculo virtuoso que permitiría generar círculo de un millón de nuevos puestos de trabajo entre 2022 y 2025.
El preceptivo ejercicio de estimacion del impacto de las principales reformas nacionales que Bruselas obliga a los países incluir en sus planes nacionales de reformas concluyó que las medidas contra la temporalidad -auténtica medida estrella de la reforma laboral pactada por el Ministerio del Trabajo con los agentes sociales- fomentando un incremento de la ocupación del 4,8% a partir de 2022, lo que calculó sober los algo más de 20 millones de ocupados registrados por aquel entonces resultóba en unos 960.000 nuevos puestos de trabajo.
Apenas ha pasado un año desde entonces, pero la simulación remitida a la Comisión Europea hace unos días por el Gobierno, en el marco del Plan Nacional de Reformas de 2023, presentó un escenario radicalmente diferente. Lo que en el plan de 2022 será un incremento agregado de la ocupación del 4,8% Para el horizonte 2025 por las medidas de la reforma laboral para eliminar la dualidad del mercado de trabajo, sur la premisa que la temporalidad caería hasta el 14.1%, en el plan de este año se ha quedado en un mucho más modesto 0,2%.
Impacto menor en Esperado
Muchos de los análisis realizados sobre el contenido y efectos de la reforma laboral por el Gobierno aprobado hace poco más de un año coincidente en señalar las modificaciones en la regulación de la contratación como el pilar central de la nueva normativa. Y el primer impacto de la nueva normativa laboral parece atestiguar esa conclusión: temporalidad ha pasado del entorno del 25% a situarse en el 17% solo un año después.
Pero la información remitida a Bruselas reveló que el Gobierno esperaba mucho más de su medida estrella. No solo para reducir la temporalidad, donde sea visible como consecuencia si es necesario de la reforma, o simplemente fuera en el plano estadístico, sino animar la creación de empleo. Tal vez los primeros datos del mercado de trabajo en 2022 nada más aprobarse le convencieron de ello, al notó rituales de aumento de la filiación que llegaron ser del 5%. Quizá embriagado por unas expectativas excesivamente halagüeñas, el Gobierno remitió el año pasado a Bruselas dentro del Plan Nacional de Reformas esa simulación de resultados de la reforma laboral, en la que se esperaba un aumento del 4,8% de la ocupación y la generación de 960.000 nuevos puesto de trabajo.
El tijeratazo propinado por el Ministerio de Asuntos Económicos a esa expectativa de mayor ocupación hasta el 0.2% implica que esos 960,000 nuevos puestos de trabajo que el Gobierno atribuía a estas medidas el año pasado se quedan ahora en apenas 40.000No 96% menos.
Tiene un impacto menor
Y no es el único efecto que el Gobierno ha tenido que ajustar. Las expectativas de mejora de la inversión empresarial y de impulso del consumidor que el año pasado se trasladaron a Bruselas, que auguran que la formación bruta de capital fijo 1% de aumento y el consumir privado casi un 2%, se han diluido en el plan de este año que ya no previó ningún efecto relevante en esos capítulos. El consumidor privado no avanzó al 1,96% sino al 0,2%.
El Gobierno ha terminado por asumir que el impacto de su ofensiva para reducir la dualidad del mercado de trabajo, intendida como lacerante diferencia lacerante entre empleados fijos con una gran protección por sus altas indemnizaciones en caso de despido y una mayoría de contratos temporales con elevados niveles de precariedad, no será tan significativo, una vez comprobado que un año después de la ocupación ya no se mueve en las cifras de los primeros meses de 2022 sino en une 2,9%. El fuerte ajuste aplicado al impacto de las medidas para combatir la dualidad no ha afectado al otro elemento de la reforma laboral cuyo impacto se simuló el año pasado: el del mecanismo rojo de protección permanente a los trabajadores de empresas en crisis, al modo de los ERTE.
El ejercicio de simulación descuenta una reducción en el costo de publicar vacantes para las empresas y como consecuencia una reducción de los costos de ajuste laboral, contrataciones y despidos; así como un incremento de la flexibilidad interna para la reducción de estos costes, bajo la premisa de que tendrán un efecto sobrio en el mercado laboral similar al que tuvieron los ERTE durante la pandemia.
El Gobierno estimó hace un año que este dispositivo aumentaría la ocupación al 1,7%, se decide que nos permitirá conservar uno 340.000 puestos de trabajo que bajo otra normativa laboral correrían el riesgo de ser destruidos. Nada se ha tocado de estimación, que además descuenta efectos positivos tanto sobrio el crecimiento y la inversión como sobrio el consumo privado, beneficiados tanto por la reducción de los negocios como por el blindaje de ese número de empleos.
