La nueva propiedad de Celsa acepta la entrada de un socio industrial español

Como principal novedad, y aparte del compromiso con el mantenimiento del empleo al que ya obligaba la citada sentencia, los fondos –liderados, entre otros, por por Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean– han aceptado una de las condiciones impuestas por el Gobierno para dar luz verde última a la adquisición, la entrada en el accionariado de un socio industrial español, que se hará con el 20 por ciento de la compañía, un paquete que a tenor de la valoración de la firma que se hizo durante el juicio valdría unos 500 millones de euros. Con la entrada de un socio nacional, el Ejecutivo, que en virtud del carácter estratégico de la firma y del mecanismo antiopas tiene la última palabra en la autorización del cambio de propiedad, pretende garantizar que se mantenga la españolidad de la compañía. Diversas firmas ya han mostrado su predisposición a dar ese paso, algo que no se comenzará a definir hasta que en el plazo aproximado de un mes los fondos se hagan con el control efectivo de Celsa. A partir de ese momento, se abrirá un periodo de seis meses para dar entrada al nuevo socio. En un comunicado, los fondos reiteraron ayer «su total compromiso con el objetivo de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa«, así como mantener su plantilla y sus capacidades productivas en España».

Si ya el fallo del juzgado mercantil establecía una serie de condiciones para evitar que los fondos procediesen a la venta de Celsa para recuperar su inversión –una de las advertencias que pusieron sobre la mesa los anteriores propietarios, la familia Rubiralta–, tanto el Gobierno como la Generalitat comunicaron a los acreedores «la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas».

Otra de las demandas del Gobierno, y uno de los compromisos que los fondos ya pusieron sobre la mesa durante la vista, es la necesidad de nombrar «un consejo de administración independiente». Como muestra de que la relación entre los fondos y el Ejecutivo es fluida, hace pocas semanas se anunciaba el nombramiento del exCEO de Naturgy Rafael Villaseca como presidente del consejo de la nueva Celsa, designación que fuentes gubernamentales y de los fondos reconocieron a ABC que se había adoptado de manera consensuada, lo que ya indicaba que el camino para la autorización se allanaba. Queda pendiente el nombramiento de un nuevo CEO, alguien que según fuentes conocedoras es catalán y ahora al frente de una empresa del sector industrial.

Con presencia en España, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Suecia e Irlanda, Celsa da empleo a unas 10.000 personas de manera directa y 20.000 de forma indirecta con la obtención de acero a partir del chatarra reciclada. En España tiene presencia en Cataluña –donde tiene la sede–, País Vasco y Cantabria. Formada por seis grupos empresariales, cuenta con 120 centros de trabajo, siete acerías, doce trenes de laminación y 45 plantas de reciclaje. En manos de la familia Rubiralta desde 1967, el juzgado sentenció que el pasivo en manos de los acreedores, unos 3.000 millones, era superior a la valoración de la compañía, con lo que en virtud de la nueva ley concursal se otorgó la propiedad a los fondos acreedores.