El as compañía aceleran para evitar las varios asociados a la Ley de Prévención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que, pese a haber sido anunciada por el Gobierno hace casi un año, se encuentra ahora en su última fase de tramitación.
En concreto, el proyecto de ley se encuentra ya en el Senado desde el pasado 12 de mayo, tras haber sido aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados –con 269 votos a favor, ningún voto en contra y 70 abstenciones–. Fue en junio de 2022 cuando el ministro de Agricultura, Luis Planasanunció la aprobación de una «ley pionera» cuyo objetivo es «reducir el deseo a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos”.
Ahora, casi un año más tarde, toma forma. «En el plazo más optimista, entrará en vigor en júnior; si no, antes de que acabe el año. Voy a intentar iniciar una campaña de información para todas las empresas, para que sepan que esto viene y se tienen que prparar. Por las grandes no, pero hay pymes que están afectadas y no lo saben», resume el director de comunicación y relaciones institucionales de AecocNuria de Pedraza, también encargada del área del desperdicio alimentario.
Esta sociedad gestora, que engloba a 33.000 fabricantes y distribuidores españoles, considera parte de los detalles del proyecto que el Gobierno está en el mercado. No en vano, Aecoc comenzó hace una década con un programa centrado en el desperdicio de alimentos, con 750 empresas que se unieron para la formación voluntaria. “Estas están más que preparadas, porque fue un proyecto pionero. No obstante, hay muchísimas empresas, sobre todo pymes, que a día de hoy no son conscientes de la ley que va a afectar, posiblemente antes de que acabe el año, y no están preparadas porque no saben ni lo que demandan“, resume De Pedraza, que avanza: “Nosotros estamos tranquilos porque la ley nace del consenso. Hemos aprovechado y se nos ha escuchado”. españa es la tercer país europeo que, tras Italia y Francia, pone en marcha una ley de este tipo. “Nuestro modelo es muy similar al inglés”, apunta la locutora de Aecoc.
Una de las obligaciones qu’impone la norma, y que lleva asociadas sanciones de hasta 500.000 euroses la necesidad de las empresas de contar con un «plan de aplicación para la prevención de las perdidas y el desperdicio de alimentos”, cuya ausencia se considerará una falta grave o muy grave. “La ley obliga a celebrar un plan no solo empresas, sino entidades sociales. Nosotros vamos a trabajar para ver primero las líneas maestras, porque no sabemos aún con detalle qué tiene que contemplar ese plan. Vamos a crear un grupo de trabajo para identificar qué renglones son importantes, cuáles son nuestros sistemas de medicamentos, qué indicadores… y que nuestras marcas Europa sean países, es decir, reporten desperdicio alimentario”, explica De Pedraza.
En el texto de la norma remitido al Senado detalla que este plan deberá contemplar la forma en que se aplicará “la jerarquía de prioridades” establecida por el texto. El objetivo es prevenir la generación de pérdidas y desperdicios alimentarios, “incorporando criterios de producción, compra y gestión racionales y basados en las necesidades concretas que impidan la generación de excedentes«. La jerarquía que recibe la norma apunta en primer lugar a la donación alimento; en su defecto, a la transformación de aquellos los productos que no se han vendido pero que siguen siendo aptos para el consumo; en tercer lugar, los víveres se dedican a la alimentación animal y a la fabricación de propiedad; y, si tampoco, sirven, se emplearán como subproductos en otra industria. «En última instancia, ya como residuos, al reciclado y, en particular, a la obtención de compost», recoge el texto.
Además, la ley reconoce que las compañías deberían llegar a acuerdos o convenios para donar sus excedentes de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones o bancos de alimentos, “excepto en los casos que resulte inviable y debidamente justificado”.
Agricultura reconoce que «los esfuerzos realizados en la lucha contra el desperdicio alimentario parecen haber sido insuficiente», por lo que insiste en la necesidad de aprobar esta norma «para fomentar la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario». «Para lograr que todos los eslabones de la cadena de suministro sean eficientes en la consecución de este objetivo es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad, involucrándose en su elaboración y en su puesta en práctica a administraciones públicas, empresas y operadores relacionados con la cadena alimentaria, asociaciones y bancos de alimentos, y la sociedad en su conjunto”, recoge el texto.
Intereses que desaparecen
La aprobación cercana de esta norma está haciendo que, además de en las propias patronales, desaparezca la demanda de información hacia empresas especializadas. es el caso de la francesa Fénix, centrado en el desperdicio alimentario, que opera en España desde hace un par de años. “Esto va a ser un antes y un desesperado“, explica Jean-Baptiste Boubault, máximo responsable de Phenix en España, en conversación con ABC.
Avanzando que la norma va a suponer “un ‘boom’ en nuestra actividad”, Boubault señaló que la labor de la empresa, nacida en Francia hace unos ocho años, trata de proponer soluciones “tanto tecnológicas como humanas”. “Antes el desperdicio estaba integrado en la fórmula económica de cada empresa, pero esto ya no es aceptable, ni social ni económicamente. El riesgo es que las compañías lo vean como una ley coercitiva, pero lo cierto es que controlándolo mejorar la rentabilidad como empresa”.
Esta empresa de residuos alimentarios trabaja ya con gigantes de la restauración as Áreas, y su objetivo es comenzar a hacerlo con cadenas de supermercados. “Estamos comenzando con E. Lecrecya tenemos acuerdos con fabricantes… Desde aquí a final de 2024 prevemos contar 500 puntos de venta implementados”, resume Boubalt.