La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propuso una cascada de modificaciones en torno a la legislación de vivienda de cara al próximo ciclo político, que comenzará tras las elecciones del 23J. El organismo criticó la norma del Gobierno que ha sido cuestionada por inquilinos, caseros, el sector inmobiliario y las económicas.
Bajo el título «Un nuevo rumbo para la política de vivienda», Fedea ha publicado un documento en el que participa Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra). En este trabajo, Arruñada explicó que las restricciones reglamentarias por parte del Gobierno “se han intensificado” y han llegado en un momento difícil para el mercado de vivienda. Agrega eso “Ha complicado aun más la contratación de alquileres y ha proporcionado mayor tolerancia a los impagos y la okupación”.
Como asegura que, como consecuencia de estas políticas, ha reducido la oferta y han aumentado los precios y las dificultades de gran parte de la población para encontrar vivienda”. Así, acusa al Ejecutivo de “restrictir la contratación privada” en ambos alrededores, el de compraventa y el del alquiler y pide que se tomen medidas que faciliten “la actuación del mercado”.
En su propuesta, el experto de Fedea señala que el Gobierno “se tiene que centrar en prover bienes públicos y extender una red efectiva de Seguridad Social» para ofrecer medidas efectivas al problema de la vivienda. Arruñada argumentó que este es el momento político para cambiar la estrategia y “facilitar la contratación privada”. En su análisis asegura también que “los fallos de mercado palidecen ante los fallos de la política, que han dado lugar a medidas debatibles”. Entre ellos, comentar el trato del actual Gobierno a la okupación y las medidas tomadas por la oposición con los sistemas de downstream público.
Sobre la última ley, desde Fedea hacen insistieron en que la norma no alivia los problemas existentes en el mercado y que uno de los aspectos menos esperados es que eleva en diez puntos porcentuales los coeficientes de reserva de suelo, lo que “mejora notablemente la nueva construcción”. Agrega que algunas medidas como las implementadas en zonas tensionadas, “sus contraproducentes”.
“Cómo funciona el mercado”
Por su parte, Fedea propone centrar las políticas en “tareas que tienen una ventaja comparativa real” y que «facilitar el desarrollo del mercado en vez de blocarlo».
Al respecto, Arruñada declaró en el documento que para ello “debe existir una planificación urbana orientada a asegurar la existencia de suelo disponible para construir”. En esta pregunta, ha propuesto una rebaja de impuestos para favorecer la compraventa. En concreto el experto pide «reducir gradualmente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones». Este recorte debería afectar al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y “sería compatible con cambios dirigidos a neutralizar su efecto negativo en la recaudación, elevando, si así se désea, los gravámenes sobre la tenencia, ya sea por la vía del IBI o del IRPF”, impuestos que, según Arruñada, tienen mayor capacidad de aumento.
Además, el organismo insta a restablecer la seguridad jurídica del derecho de propiedad, para igualarla al resto de países europeos, «tanto en lo relativo a restricciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materiales de okupación y déahucio».
Insta ha recuperado la seguridad jurídica del derecho a la propiedad para igualarla a la del resto de países
En cuanto a «la red efectiva de Seguridad Social», el autor de la propuesta ha destacado la importancia de Garantizar el acceso a una vida dignaA de todos los ciudadanos, y de hacerlo ‘a costa de los presupuestos públicos y no de otros a ciudadanos título individual’. Plantea también recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer allí argumentado que este establece puntos relevantes para los contratos de arrendamiento de vivienda. En concreto, desde Fedea apuntan que “derogaría las limitaciones de plazo y demás condiciones contratos que restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan al mismo a los arrendatarios potencialmente más vulnerables”.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en mayo en el Senado por el Gobierno de coalición, incluye nuevas medidas que pretenden regular el mercado de la vivienda. Entre ellas, la norma intervenciones en los mercados tensionados, topes en los precios del alquiler abarca, prórrogas forzosas en el arrendamiento de viviendas, la dévinculación de las subidas de precios al IPC, la solicitud de los gatos de agencia a los caseros, la obligatoriedad de pago por vía electrónica, el recargo del IBI a viviendas vacías, cambios en la reducción del IRPF y garantías contra el déahucio.
